IP/09/1166 Bruselas, 22 de julio de 2009 Bulgaria y Rumanía: necesidad de un consenso político para avanzar en la reforma judicial y en la lucha contra la corrupción Es preciso el apoyo político de todos los partidos para dar el impulso definitivo al esfuerzo actual de reforma en ambos países. Hay que seguir trabajando para obtener resultados convincentes por lo que se refiere a la reforma del poder judicial, la corrupción y, en el caso de Bulgaria, la lucha contra la delincuencia organizada. Esta es la principal conclusión de los dos informes adoptados hoy por la Comisión. A lo largo del último año, Rumanía ha presentado propuestas importantes de reforma del Derecho penal, del Derecho civil y de los procedimientos judiciales, pero es necesario un impulso político adicional para lograr decisiones rápidas y efectivas en casos de corrupción de alto nivel por parte de un poder judicial independiente. Bulgaria inició la restructuración del Ministerio Fiscal, con el consiguiente aumento del número de procesos y condenas. Sin embargo, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada necesitan un mayor compromiso político y debería ser máxima prioridad del próximo gobierno. La Comisión reconoce que es necesario aumentar el apoyo y el seguimiento e invita a los demás Estados miembros a asistir a Bulgaria y Rumania en el proceso de reforma. Para orientar este proceso, los informes incluyen una serie de recomendaciones concretas que ambos países deberán aplicar a lo largo del próximo año.  El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, ha declarado: « Es preciso que el impulso con que ahora cuentan las reformas venga respaldado por un gran consenso nacional de todos los partidos políticos e instituciones y obtenga resultados más convincentes. Los ciudadanos de ambos países y del resto de Europa deben saber que nadie está por encima de la ley. Espero que ambos gobiernos apliquen rápidamente las recomendaciones concretas de reforma que la Comisión ha presentado».  Como en informes anteriores, el análisis de la Comisión se basa en una evaluación del progreso de las autoridades búlgaras y rumanas y en la información de los Estados miembros, organizaciones internacionales, expertos independientes y otra serie de fuentes. La Comisión ha llevado a cabo varias misiones en Bulgaria y Rumania, algunas de las cuales contaron con la colaboración de expertos de alto nivel de otros Estados miembros. Los informes también tienen en cuenta las respuestas de Bulgaria y Rumania a cuestionarios detallados preparados por la Comisión.  El informe sobre los progresos de Bulgaria señala un cambio de actitud positivo y recoge una serie de medidas técnicas adoptadas por este país en respuesta al informe de la Comisión de julio de 2008. Bulgaria ya ha tomado las primeras medidas para mejorar los resultados en el enjuiciamiento de delitos graves: la reorganización de los procesos y un cambio en la metodología han dado como resultado un número cada vez mayor de procesos, en particular en relación con los casos de fraude con fondos de la UE, y las primeras condenas a miembros de la delincuencia organizada. Además, Bulgaria analizó los retrasos de los casos de delitos graves y elaboró una serie de recomendaciones para acelerar los procesos judiciales, recomendaciones que se han ejecutado parcialmente y que ha permitido concluir rápidamente algunos de estos casos. La inspección del Consejo General del Poder Judicial ha arrojado resultados alentadores y ha permitido constatar la racionalización de los procesos disciplinarios y la mejora, en colaboración con el Tribunal Supremo de Casación, de la igualdad en la aplicación de la ley. No obstante, estos signos de progreso no han tenido aún un impacto en el día a día de los ciudadanos búlgaros, que siguen sin percibir mejoras. La opinión pública cree que la justicia en Bulgaria es lenta y no siempre imparcial, y estima que parte de los fiscales y de los magistrados están sujetos a influencias e interferencias. El Código Penal búlgaro es obsoleto y la práctica judicial sufre de un excesivo formalismo. De hecho, aún no ha empezado una reforma en profundidad del poder judicial y los resultados positivos de los recientes esfuerzos de reforma siguen siendo fragmentarios y adolecen del adecuado respaldo de un consenso político amplio o de una estrategia convincente que haga de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada la máxima prioridad para Bulgaria. El informe hace un llamamiento a un compromiso político inequívoco y a largo plazo por parte de Bulgaria para apoyar y ampliar el impulso ya dado con el fin de registrar resultados más palpables en la investigación, procesamiento y enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel y de delincuencia organizada.  El informe sobre Rumanía señala que las autoridades reaccionaron de forma efectiva a las preocupaciones expresadas en el informe intermedio de la Comisión de febrero de 2009 con la adopción de nuevos códigos civil y penal y mediante la presentación de propuestas de reforma de los procedimientos judiciales. Los resultados positivos del procesamiento de casos de corrupción de alto nivel se mantuvieron y completaron con la adopción de medidas para mejorar la situación del personal de los tribunales y fiscalías y mediante acciones de mejora de la coherencia de la jurisprudencia, como recursos interpuestos por el Fiscal General en interés de la ley y las recomendaciones formuladas por un grupo de trabajo. La Agencia Nacional de Integridad ya es operativa y cuenta con resultados positivos en el seguimiento de declaraciones patrimoniales. Los primeros casos judiciales abiertos por la Agencia están pendientes de resolución en los tribunales. No obstante, estas reformas siguen siendo fragmentarias, no se han consolidado y aún no producen resultados prácticos para los ciudadanos rumanos. El Parlamento debería mostrar un firme compromiso con la lucha contra la corrupción de alto nivel. Es patente la falta de iniciativa para erradicar la corrupción local. La jurisprudencia sigue siendo contradictoria y el mosaico formado por decretos de emergencia y normas de aplicación favorece la inseguridad jurídica. En términos generales, está por demostrar que existe un amplio consenso político de apoyo a la reforma y un firme compromiso de todos los partidos políticos por lograr un progreso real. Existe un peligro real de que la creciente maraña de legislación, normas de aplicación y prácticas, derivadas de las permanentes luchas entre partidos, hagan perder de vista el objetivo último, que es establecer un sistema judicial independiente y estable. El informe hace un llamamiento al consenso político en Rumania para permitir que el poder judicial trabaje de forma independiente e investigue de forma imparcial los casos de corrupción para adoptar resoluciones rápidas y efectivas. Ambos informes reconocen que la Comisión necesita prestar más ayuda y continuar con el seguimiento para colaborar con los procesos de reforma en Bulgaria y Rumania hasta que se homologue su situación y llegue el momento de disolver el MCV. Antecedentes Los informes de la Comisión evalúan el progreso realizado para equipararse con los niveles de referencia establecidos en el momento de la adhesión en materia de reforma judicial, lucha contra la corrupción y, en el caso de Bulgaria, delincuencia organizada. Los informes se elaboraron a partir de la información suministrada por las autoridades búlgaras y rumanas, las representaciones de la Comisión y de los Estados miembros en ambos países, las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones varias y expertos. El 1 de enero de 2007, la Comisión creó un Mecanismo de Cooperación y Verificación para evaluar los compromisos asumidos por Bulgaria y Rumania en los ámbitos de la reforma judicial, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Se pidió a la Comisión que informara sobre las medidas de acompañamiento de forma regular. El 27 de junio de 2007 apareció el primer informe de la Comisión, que a partir de entonces ha seguido elaborando informes semestrales. Los informes de la Comisión que se publican hoy evalúan el progreso realizado para equipararse con los niveles de referencia establecidos en el momento de la adhesión en materia de reforma judicial, lucha contra la corrupción y, en el caso de Bulgaria, delincuencia organizada. Los informes se elaboraron a partir de la información suministrada por las autoridades búlgaras y rumanas, las representaciones de la Comisión y de los Estados miembros en ambos países, las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones varias y expertos. Los informes de la Comisión van acompañados de un informe técnico detallado para cada país.  En el documento   MEMO/07/260   se ofrece una descripción detallada del Mecanismo de Cooperación y Verificación y de las cláusulas de salvaguarda.  En la dirección   http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_es.htm   pueden obtenerse copias de los informes en su integridad.